Protocolo de acoso obligatorio, laboral, sexual y LGTBI
21 nov 2026
Cuándo es obligatorio el protocolo de acoso en la empresa, qué exigen la LO 10/2022, el RD 901/2020 y el RD 1026/2024 y cómo se instruye un caso.
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Todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño, están obligadas a contar con procedimientos para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y para tramitar las denuncias, según el artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2022 y el artículo 2.1 del Real Decreto 901/2020. Las de más de cincuenta personas trabajadoras deben tener además un protocolo frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI, conforme a la Ley 4/2023 y al Real Decreto 1026/2024. El acoso laboral o moral se aborda dentro del deber general de protección de la salud de la plantilla.
Acoso sexual y por razón de sexo, una obligación para todas las empresas
La Ley Orgánica 3/2007 define el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, y el acoso por razón de sexo como el comportamiento realizado en función del sexo con ese mismo propósito o efecto. Ambos se consideran en todo caso discriminatorios.
El artículo 48 de esa ley, en la redacción vigente desde octubre de 2022, obliga a las empresas a promover condiciones de trabajo que eviten los delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con especial atención al acoso sexual y por razón de sexo, también en el ámbito digital.
La obligación de tener un procedimiento la concretan otras dos normas.
- El artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, exige arbitrar procedimientos específicos para la prevención y para dar cauce a las denuncias, incluidas las del ámbito digital. Obliga también a formar a todo el personal.
- El artículo 2.1 del Real Decreto 901/2020 extiende a todas las empresas, con independencia de su plantilla, la obligación de promover condiciones que eviten el acoso y de arbitrar procedimientos para su prevención y denuncia. Su artículo 12 prevé el depósito voluntario de esas medidas y protocolos.
En las empresas con plan de igualdad, la prevención del acoso es además materia obligatoria del diagnóstico.
Protocolo LGTBI, obligatorio con más de cincuenta personas
El artículo 15 de la Ley 4/2023 obliga a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras a contar con un conjunto planificado de medidas para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia. Las medidas se pactan en la negociación colectiva.
El Real Decreto 1026/2024 lo desarrolla. Se aplica a empresas con más de cincuenta personas en plantilla, de modo que una empresa de cincuenta exactas debe tener plan de igualdad pero no está obligada a las medidas LGTBI, que para ella son voluntarias. El cómputo sigue reglas similares a las del plan de igualdad. El artículo 5 fija los plazos para constituir la comisión negociadora y prevé que, si en tres meses no hay acuerdo, se apliquen las medidas del propio real decreto.
El anexo II establece la estructura mínima del protocolo.
- Declaración de principios de tolerancia cero frente al acoso por orientación e identidad sexual y expresión de género.
- Ámbito de aplicación que alcanza a quienes trabajan en la empresa con cualquier vínculo y también a candidaturas, personal de puesta a disposición, proveedores, clientes y visitas.
- Principios y garantías, entre ellos agilidad, intimidad, confidencialidad, protección de la víctima, contradicción, restitución de sus condiciones y prohibición de represalias.
- Procedimiento con plazo máximo de resolución, medidas cautelares y un informe de la comisión con hechos, metodología, valoración y resultados.
- Resolución, con propuesta de expediente sancionador si hay indicios o archivo si no los hay.
Acoso laboral o moral
Ninguna de las normas anteriores impone con carácter general un protocolo específico para el acoso laboral o moral. La obligación deriva del deber de protección. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a garantizar la seguridad y la salud de la plantilla en todos los aspectos relacionados con el trabajo, y el artículo 16 a evaluar los riesgos de los puestos y planificar su prevención. En la práctica preventiva, el acoso laboral se trata como un riesgo psicosocial dentro de esa evaluación.
Conviene revisar el convenio colectivo aplicable e integrar el acoso laboral en el mismo procedimiento, distinguiéndolo de los conflictos de relación.
Qué pasa si la empresa no actúa
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica como muy grave el acoso sexual dentro del ámbito de dirección empresarial, cualquiera que sea su autor. También lo es el acoso por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género y otras causas cuando, conocido por el empresario, este no adoptó medidas para impedirlo. Las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales se sancionan con multa de 7.501 a 225.018 euros conforme al artículo 40. En el acoso, el artículo 46 bis añade la pérdida de ayudas y bonificaciones de los programas de empleo.
Cómo se instruye un caso de acoso
La instrucción debe resistir el examen de la plantilla, de la Inspección y, en su caso, de un juzgado. Los pasos habituales son estos.
- Recepción de la denuncia por el cauce previsto y, si no la presenta la persona afectada, recogida de su consentimiento expreso.
- Adopción de medidas cautelares que separen a la víctima de la persona denunciada mientras dura el procedimiento.
- Designación de quien instruye, sin relación jerárquica con las partes ni interés en el resultado.
- Preservación de la evidencia, como correos, mensajes, registros y documentos.
- Entrevistas con la persona denunciante, la denunciada y los testigos, con acta y audiencia a todas las partes.
- Informe de conclusiones con los hechos, la metodología, la valoración y la propuesta de medidas.
- Decisión de la empresa, seguimiento y protección frente a represalias.
Si el caso afecta a directivos, conviene un equipo externo con método de investigación interna. Si la comunicación llega por el canal de denuncias, el propio anexo II del Real Decreto 1026/2024 recuerda que se aplica también la Ley 2/2023, con sus garantías de confidencialidad y plazos.
Errores habituales
- Disponer de un protocolo copiado que no designa quién recibe ni quién instruye, o no difundirlo.
- Instruir el caso desde la línea jerárquica de las partes.
- Mantener un circuito de denuncias separado del sistema interno de información.
Cómo puede ayudar Dordio
Dordio & Associates redacta los protocolos frente al acoso sexual, por razón de sexo, LGTBI y laboral, los conecta con el canal de denuncias y forma a quienes reciben e instruyen. Cuando llega una denuncia, puede instruir el caso de forma independiente y entregar un informe en el que la empresa apoye su decisión.
Preguntas frecuentes
¿Una empresa con pocos trabajadores necesita protocolo de acoso?
Sí. La Ley Orgánica 10/2022 y el Real Decreto 901/2020 obligan a todas las empresas, cualquiera que sea su plantilla, a arbitrar procedimientos para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo y para tramitar las denuncias. Lo que depende del tamaño es el protocolo LGTBI, obligatorio solo con más de cincuenta personas trabajadoras.
¿Puede haber un único protocolo para todos los tipos de acoso?
Puede integrarse en un procedimiento común, siempre que cada parte conserve el contenido mínimo que exige su norma. El protocolo LGTBI debe ajustarse al anexo II del Real Decreto 1026/2024 y forma parte de las medidas planificadas negociadas. Un procedimiento único evita circuitos duplicados y facilita su conexión con el canal de denuncias.
¿Quién debe instruir una denuncia de acoso?
Quien designe el protocolo, con garantías de imparcialidad. Si las partes tienen relación jerárquica con quien instruiría, o la denuncia afecta a directivos, conviene encargarlo a un equipo externo. Lo relevante es oír a todas las partes, preservar la evidencia, respetar la confidencialidad y emitir un informe motivado con la valoración de los hechos.
¿Hay que registrar el protocolo de acoso?
El protocolo de acoso sexual y por razón de sexo puede depositarse de forma voluntaria, conforme al artículo 12 del Real Decreto 901/2020. El plan de igualdad sí debe inscribirse. El protocolo LGTBI se integra en las medidas planificadas que se negocian en el convenio colectivo o en un acuerdo de empresa.
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¿Su protocolo de acoso está al día?
Redactamos los protocolos que exige la normativa y, cuando llega una denuncia, instruimos el caso con imparcialidad y método.
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Protocolos frente al acoso laboral, sexual, por razón de sexo y contra personas LGTBI, con la instrucción imparcial de cada caso.