Compliance penal y modelo de prevención de delitos
Un modelo de organización y gestión adoptado y ejecutado con eficacia antes del delito puede eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal. Diseñamos el modelo, lo implantamos con la organización y verificamos que funciona.
Por qué es necesario
Desde la reforma de 2010, el Código Penal permite condenar a las personas jurídicas por los delitos en que lo prevé expresamente, entre ellos el cohecho, el tráfico de influencias, la corrupción en los negocios, la estafa, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el descubrimiento y revelación de secretos y los delitos contra el medio ambiente. Responden sociedades, asociaciones y fundaciones, sea cual sea su tamaño.
Las penas del artículo 33.7 van desde la multa por cuotas o proporcional hasta la suspensión de actividades, la clausura de locales, la inhabilitación para contratar con el sector público o la disolución. El artículo 31 bis exime a la empresa que, antes del delito, haya adoptado y ejecutado con eficacia un modelo de organización y gestión idóneo, supervisado por un órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control.
Lo que se valora es la eficacia. Un manual redactado y archivado no acredita nada ante un juzgado. El modelo debe responder a los riesgos reales de la actividad, estar integrado en los procesos de decisión y dejar evidencia de que se aplica, se vigila y se revisa. Con ese criterio trabajamos para grandes empresas, cadenas hoteleras y centros sanitarios, y tomamos la norma UNE 19601 como referencia técnica.
Qué incluye el modelo de prevención penal
- 01
Análisis de riesgos penales
Identificación de las actividades en cuyo ámbito pueden cometerse los delitos atribuibles a la persona jurídica, valoración de su probabilidad e impacto y priorización de los que requieren control, como exige el artículo 31 bis.5.1.º del Código Penal.
- 02
Protocolos y controles
Procedimientos que concretan cómo se forma la voluntad de la empresa y cómo se adoptan y ejecutan las decisiones en las áreas expuestas, y controles asignados a cada riesgo con su responsable, su frecuencia y la evidencia que deben generar.
- 03
Gestión de los recursos financieros
Revisión de pagos, apoderamientos, gastos de representación, donaciones, patrocinios y cobros para que los flujos de dinero no puedan servir a los delitos que se quieren prevenir, requisito del artículo 31 bis.5.3.º del Código Penal.
- 04
Código ético y régimen disciplinario
Redacción o revisión del código de conducta y de las políticas que lo desarrollan, y un sistema disciplinario coordinado con el convenio colectivo aplicable que sancione el incumplimiento de las medidas del modelo, conforme al artículo 31 bis.5.5.º.
- 05
Órgano de cumplimiento
Configuración del órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control que supervisa el modelo, con su estatuto, sus medios y su relación con el órgano de administración. En las sociedades de pequeñas dimensiones esa función puede asumirla el propio órgano de administración.
- 06
Canal de información y formación
Integración del sistema interno de información como vía para comunicar riesgos e incumplimientos al órgano de cumplimiento, y formación diferenciada para el consejo, la dirección y las áreas con mayor exposición, con registro de asistencia y aprovechamiento.
- 07
Verificación periódica
Revisión del modelo a intervalos planificados y cada vez que se detecte una infracción relevante o cambie la organización, la estructura de control o la actividad, con informe al órgano de administración y plan de mejora.
Cómo trabajamos
- 01
Diagnóstico
Entrevistas con la dirección y los responsables de área, y revisión de la documentación societaria, de las políticas vigentes y de los controles que ya existen, para conocer cómo se decide y dónde se concentra la exposición.
- Entregable
- Informe de diagnóstico y alcance del modelo
- 02
Mapa de riesgos penales
Evaluación de cada delito aplicable por actividad, con su riesgo inherente, los controles existentes y el riesgo residual resultante.
- Entregable
- Mapa de riesgos penales y matriz de controles
- 03
Diseño e implantación
Redacción del manual del modelo, del código ético, de las políticas y protocolos y del estatuto del órgano de cumplimiento, y acompañamiento en su aprobación por el órgano de administración y en su despliegue.
- Entregable
- Manual de prevención penal, políticas aprobadas y plan de formación
- 04
Supervisión y verificación
Seguimiento de los controles, apoyo al órgano de cumplimiento, análisis de las comunicaciones que afecten al modelo y revisión periódica con propuestas de actualización.
- Entregable
- Informe periódico de verificación del modelo
A quién se dirige
- Sociedades mercantiles y grupos de empresas
- Cadenas hoteleras
- Centros sanitarios y grupos hospitalarios
- Empresas que contratan con el sector público
- Órganos de administración que deben acreditar su diligencia
Marco normativo
- Código Penal, artículo 31 bis(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
Regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la exención por modelos de organización y gestión eficaces y los seis requisitos que deben cumplir esos modelos (apartado 5).
- Código Penal, artículo 31 quater(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
Admite como atenuante haber establecido, antes del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos futuros, junto a la confesión, la colaboración y la reparación del daño.
- Código Penal, artículo 33.7(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
Enumera las penas aplicables a las personas jurídicas, todas graves, desde la multa hasta la disolución, la suspensión de actividades o la prohibición de contratar con el sector público.
- Ley 2/2023, de protección del informante(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
Obliga a disponer de un sistema interno de información a las empresas con cincuenta o más trabajadores (artículo 10), cauce natural de la obligación de informar que exige el modelo.
Preguntas frecuentes
Cualquier persona jurídica privada, sea sociedad mercantil, asociación o fundación, con independencia de su tamaño. Responde por los delitos en que el Código Penal lo prevé expresamente, cometidos en su nombre y en su beneficio directo o indirecto por sus administradores y directivos, o por empleados sobre los que se incumplieron gravemente los deberes de supervisión. Quedan fuera el Estado y las administraciones públicas, y las sociedades mercantiles públicas tienen un régimen de penas limitado.
El Código Penal no impone su adopción como obligación general. Sin embargo, solo un modelo adoptado y ejecutado con eficacia antes del delito permite a la empresa quedar exenta de responsabilidad, y su acreditación parcial se valora como atenuante. Además, forma parte de la diligencia que se espera del órgano de administración, y es frecuente que clientes y socios lo pidan en sus procesos de homologación.
Seis elementos mínimos. Identificar las actividades en que pueden cometerse delitos, establecer protocolos de formación de la voluntad, decisión y ejecución, gestionar los recursos financieros para impedir delitos, imponer la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano de vigilancia, contar con un sistema disciplinario y verificar periódicamente el modelo, modificándolo cuando haya infracciones relevantes o cambios en la organización o la actividad.
Un órgano de la persona jurídica, unipersonal o colegiado, con poderes autónomos de iniciativa y de control, que supervise el funcionamiento y el cumplimiento del modelo. En las personas jurídicas autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, esa función puede asumirla directamente el órgano de administración. Le damos apoyo técnico externo, redactamos su estatuto y le ayudamos a dejar constancia documentada de su actividad.
El informe de diagnóstico, el mapa de riesgos penales con su matriz de controles, el manual del modelo de prevención, el código ético y las políticas que lo desarrollan, el estatuto del órgano de cumplimiento, el procedimiento disciplinario, el plan de formación con sus registros y los informes periódicos de verificación. Todo queda aprobado por el órgano de administración y acompañado de la evidencia de su aplicación.
Se presupuesta según el alcance. Influyen el número de sociedades, las actividades y los delitos aplicables, la documentación y los controles que ya existen en la organización y si se contrata también la supervisión continuada del modelo. Tras una reunión inicial se propone un alcance por fases y su presupuesto correspondiente.
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