Diligencia debida de terceros e integridad de proveedores
Buena parte de los riesgos penales de una empresa llega a través de terceros. Verificamos con quién contrata, documentamos la decisión y dejamos en el contrato las obligaciones que protegen a la organización.
Por qué es necesario
El Código Penal castiga la corrupción en los negocios y la corrupción en transacciones internacionales cometidas por sí o por persona interpuesta, y la persona jurídica puede responder de estos delitos en los términos del artículo 31 bis. Un pago indebido canalizado a través de un agente, un intermediario o un proveedor puede acabar atribuyéndose a la empresa. La relación con terceros es, por tanto, una actividad de riesgo que el modelo de prevención debe controlar.
La diligencia debida consiste en conocer al tercero antes de contratar y mientras dura la relación. Quién es su titular real, si figura en listas de sanciones, si tiene antecedentes publicados de corrupción, fraude o incumplimientos, si su capacidad es coherente con lo que se le paga y si mantiene vínculos con cargos públicos o con personas de la propia organización.
El alcance se gradúa según el riesgo. Un proveedor de suministros de bajo importe no requiere la misma revisión que un agente comercial que trata con administraciones públicas, un socio en una unión temporal o una sociedad que se va a adquirir. El procedimiento fija esos niveles y deja constancia de cada verificación, lo que permite acreditar la diligencia ante un juzgado, un cliente o un auditor.
Qué incluye la diligencia debida
- 01
Segmentación de terceros por riesgo
Clasificación de proveedores, socios, agentes e intermediarios según la actividad, el país, el importe, la relación con administraciones públicas y la capacidad de actuar en nombre de la empresa, con el nivel de revisión que corresponde a cada grupo.
- 02
Verificación de integridad
Consulta de registros mercantiles y del BORME, listas de sanciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas, resoluciones judiciales y administrativas publicadas y fuentes abiertas, con informe que separa los hechos comprobados de los indicios.
- 03
Titularidad real y vínculos
Identificación de los socios, administradores y titulares reales del tercero, y de sus posibles vínculos con cargos públicos, con empleados de la propia organización o con otras sociedades que puedan revelar conflictos de interés.
- 04
Cláusulas contractuales
Redacción de cláusulas de cumplimiento para los contratos, con adhesión al código de conducta, compromisos anticorrupción, declaración de titularidad real, derecho de auditoría, comunicación de incidencias y resolución por incumplimiento.
- 05
Seguimiento durante la relación
Revisión periódica de los terceros de mayor riesgo, actualización de la información ante cambios de control o noticias relevantes, y control de que los pagos se corresponden con servicios efectivamente prestados.
- 06
Integridad en operaciones corporativas
Revisión de integridad de la sociedad que se va a adquirir o con la que se va a constituir una empresa conjunta. La responsabilidad penal de la persona jurídica no se extingue por fusión, absorción o escisión, y se traslada a la entidad resultante.
Cómo trabajamos
- 01
Procedimiento
Diseño del procedimiento de diligencia debida, de los criterios de segmentación y de los cuestionarios para terceros.
- Entregable
- Procedimiento de diligencia debida aprobado
- 02
Verificación
Revisión de los terceros existentes o de los nuevos según su nivel de riesgo, con consulta de fuentes y entrevistas cuando procede.
- Entregable
- Informe de integridad por tercero
- 03
Contratación
Incorporación de las cláusulas de cumplimiento y de las condiciones que resulten de la verificación.
- Entregable
- Cláusulas contractuales y registro de la decisión
- 04
Seguimiento
Revisión periódica de los terceros de mayor riesgo y actualización ante cambios relevantes.
- Entregable
- Informe periódico de seguimiento de terceros
A quién se dirige
- Empresas con redes de agentes o intermediarios
- Organizaciones que licitan o contratan con el sector público
- Departamentos de compras y homologación de proveedores
- Empresas en procesos de adquisición o alianza
- Cadenas hoteleras y centros sanitarios con muchos proveedores
Marco normativo
- Código Penal, artículo 31 bis(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
Exige que el modelo de prevención identifique las actividades de riesgo y establezca protocolos y controles sobre ellas, lo que incluye la relación con terceros.
- Código Penal, artículo 286 bis(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
Castiga la corrupción en los negocios, tanto a quien recibe como a quien promete, ofrece o concede un beneficio no justificado, por sí o por persona interpuesta.
- Código Penal, artículo 286 ter(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
Castiga la corrupción de autoridades o funcionarios públicos, directa o por persona interpuesta, para conseguir o conservar un contrato o ventaja en actividades económicas internacionales.
- Código Penal, artículo 130.2(abre el texto oficial en una pestaña nueva)
La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se traslada a la entidad resultante.
Preguntas frecuentes
Es el proceso por el que la empresa verifica la identidad, la titularidad real, la reputación y los posibles conflictos de interés de proveedores, socios, agentes e intermediarios antes de contratar y durante la relación. Su objetivo es evitar que un tercero sirva para cometer delitos atribuibles a la empresa y poder demostrar, llegado el caso, que la decisión de contratar se tomó con la información adecuada.
No existe una obligación general para todas las empresas, salvo en regímenes específicos como la prevención del blanqueo de capitales para sus sujetos obligados. Sin embargo, el modelo de prevención penal debe controlar las actividades de riesgo, y la relación con terceros lo es. Una diligencia debida documentada forma parte de la evidencia de que el modelo se ejecuta con eficacia.
Registros mercantiles y el BORME, listas de sanciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas, resoluciones judiciales y administrativas publicadas, prensa y otras fuentes abiertas, además de la información y las declaraciones que aporta el propio tercero. En los casos de mayor riesgo se completa con entrevistas y con la revisión de referencias comerciales. Cada dato del informe indica su fuente.
Como mínimo, la adhesión del tercero al código de conducta o a principios equivalentes, el compromiso de no realizar pagos indebidos, la declaración de su titularidad real y de posibles conflictos de interés, la obligación de comunicar incidencias, el derecho de auditoría y la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento. Su alcance se ajusta al nivel de riesgo de cada tercero.
La due diligence de una adquisición suele centrarse en aspectos financieros, fiscales y jurídicos. La de integridad examina si la sociedad objetivo, sus administradores y sus terceros presentan riesgos de corrupción, fraude o sanciones, y si su modelo de prevención funciona. Es relevante porque la responsabilidad penal de la persona jurídica se traslada a la entidad resultante de una fusión o absorción.
El procedimiento de diligencia debida con sus criterios de segmentación y cuestionarios, un informe de integridad por cada tercero revisado con las fuentes consultadas y la valoración del riesgo, las cláusulas contractuales adaptadas a cada nivel y el registro de las decisiones de contratación, además de los informes periódicos de seguimiento de los terceros de mayor riesgo.
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