Consultoría de compliance para empresas
Diseñamos, implantamos y supervisamos los sistemas de cumplimiento normativo que la ley exige o que permiten a la empresa acreditar su diligencia, desde el modelo de prevención penal hasta el canal de denuncias, la prevención del blanqueo y la igualdad.
Servicios de compliance
Compliance penal y modelo de prevención de delitos
Diseño, implantación y verificación del modelo de organización y gestión que exige el artículo 31 bis del Código Penal para prevenir delitos.
Ver servicioMapa de riesgos penales y evaluación de controles
Identificación de los delitos atribuibles a la empresa por actividad, valoración del riesgo y evaluación de la eficacia de los controles existentes.
Ver servicioCanal de denuncias y sistema interno de información
Implantación y gestión externa del sistema interno de información de la Ley 2/2023, con recepción de comunicaciones, investigación e informes.
Ver servicioDiligencia debida de terceros e integridad de proveedores
Verificación de la integridad de proveedores, socios e intermediarios antes de contratar, con cláusulas contractuales y seguimiento durante la relación.
Ver servicioPrevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Análisis de riesgo, manual, órganos de control interno, diligencia debida y formación para sujetos obligados de la Ley 10/2010.
Ver servicioPlan de igualdad y registro retributivo
Diagnóstico, negociación con la comisión, medidas, registro del plan y auditoría retributiva conforme a la LO 3/2007 y los RD 901/2020 y 902/2020.
Ver servicioProtocolo de prevención y actuación frente al acoso
Protocolos frente al acoso laboral, sexual, por razón de sexo y contra personas LGTBI, con la instrucción imparcial de cada caso.
Ver servicioNuestro enfoque
El cumplimiento normativo corporativo reúne varias obligaciones con origen distinto. El Código Penal permite condenar a la persona jurídica por delitos cometidos en su nombre y en su beneficio, y la exime si antes había implantado con eficacia un modelo de prevención. La Ley 2/2023 obliga a las empresas con cincuenta o más trabajadores a disponer de un sistema interno de información que proteja a quien comunica infracciones.
A ello se suman regímenes sectoriales y laborales. La Ley 10/2010 impone medidas de diligencia debida a sus sujetos obligados, entre ellos entidades financieras, promotores e intermediarios inmobiliarios, auditores, asesores fiscales y notarios. La Ley Orgánica 3/2007 exige un plan de igualdad a las empresas de cincuenta o más trabajadores y obliga a todas a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo.
Tratar cada obligación por separado multiplica documentos, responsables y canales. Integramos el modelo de prevención penal, el sistema interno de información, la diligencia debida de terceros, la prevención del blanqueo y los planes de igualdad y acoso en un mismo marco de gobierno, con un mapa de riesgos común y evidencia de que cada control se aplica. Trabajamos para grandes empresas, cadenas hoteleras y centros sanitarios en toda España.
Preguntas frecuentes
Identifica las obligaciones legales que afectan a la empresa y los riesgos de incumplirlas, diseña las políticas, controles y procedimientos que los cubren, los implanta con la organización y verifica que se aplican. En la práctica abarca el modelo de prevención penal, el canal de denuncias, la diligencia debida de terceros, la prevención del blanqueo cuando la empresa es sujeto obligado, y los planes de igualdad y acoso.
Con cincuenta o más trabajadores, la Ley 2/2023 exige un sistema interno de información con Responsable del Sistema y procedimiento de gestión, y la Ley Orgánica 3/2007 exige un plan de igualdad negociado. El modelo de prevención penal no es una obligación general, pero es la única vía para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal. Según la actividad pueden sumarse obligaciones sectoriales, como las de la Ley 10/2010.
El compliance penal se centra en prevenir los delitos que pueden atribuirse a la persona jurídica y en cumplir los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal. El compliance normativo es más amplio e incluye cualquier obligación aplicable, como la protección del informante, el blanqueo de capitales, la igualdad, la protección de datos o la normativa sectorial. Lo habitual es que el modelo penal sea el eje y el resto se integre en él.
Según el alcance contratado, el mapa de riesgos con su matriz de controles, el manual del modelo de prevención penal, el código ético y sus políticas, el estatuto del órgano de cumplimiento, la política y el procedimiento del sistema interno de información, los procedimientos de diligencia debida, el manual de prevención del blanqueo, el plan de igualdad y el protocolo de acoso, además de los registros de formación y los informes de verificación.
Con supervisión continuada. El Código Penal exige verificar periódicamente el modelo y modificarlo cuando haya infracciones relevantes o cambios en la organización o la actividad, y el canal de denuncias requiere gestión diaria de comunicaciones. Ofrecemos ese seguimiento como servicio recurrente, con revisión de controles, actualización ante reformas legales, formación e informes al órgano de administración.
Se presupuesta según el alcance. Influyen el número de sociedades y centros, las obligaciones aplicables, lo que ya existe en la organización y si se contrata solo la implantación o también la supervisión y la gestión del canal. Tras una reunión inicial se propone un alcance por fases y su presupuesto correspondiente.
Solicite una primera reunión
Cuéntenos qué necesita su organización y le propondremos el alcance adecuado. Atendemos a organizaciones de toda España desde Madrid.